Aula vacía con libro abierto, símbolo de la libertad de enseñanza

De Fernández de la Vega a los hijos de guardias civiles en Cataluña, las condenas por el hostigamiento a una niña en Canet de Mar y las controversias lingüísticas: la historia reciente de España muestra por qué las aulas no pueden convertirse en trincheras políticas.

La Comunidad de Madrid ha aprobado instrucciones que recuerdan una obligación elemental: los centros públicos deben ser políticamente neutrales y ningún docente puede utilizar su autoridad para imponer convicciones a los alumnos. Las críticas sindicales sostienen que el procedimiento para comunicar incidencias puede restringir libertades. Ambas cuestiones merecen ser examinadas con garantías.

De Fernández de la Vega a Educación para la Ciudadanía

En 2008, durante la campaña electoral, María Teresa Fernández de la Vega visitó un instituto público valenciano y contrapuso ante menores la figura de Zapatero a la de Rajoy. La intervención provocó acusaciones de utilización partidista de las aulas. Ver vídeo.

El Gobierno socialista también impulsó Educación para la Ciudadanía, que provocó objeciones y una prolongada controversia judicial. El Tribunal Supremo avaló la asignatura, pero exigió objetividad, pluralismo y respeto a la libertad ideológica. En 2020, Isabel Celaá afirmó que los hijos no pertenecen a sus padres, defendiendo que los menores son titulares de derechos propios. Eso no significa que su conciencia pertenezca al Estado.

Cataluña: cuando la discrepancia alcanza a los niños

En Canet de Mar, una familia reclamó que su hija recibiera parte de la enseñanza en castellano. La controversia derivó en mensajes de hostigamiento. En 2025, la Audiencia de Barcelona condenó a un hombre a dos años de prisión por delitos relacionados con aquellos mensajes. En 2026 se conoció otra condena, de quince meses y un día, por promover el acoso contra la menor y su familia. Cuando una reclamación educativa desemboca en llamamientos contra una niña, se cruza una frontera intolerable.

Tras el referéndum catalán de 2017, familias de guardias civiles denunciaron que sus hijos habían sido menospreciados en el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca. Las causas fueron inicialmente archivadas; en 2023, la Audiencia de Barcelona confirmó el archivo de siete de las ocho causas recurridas y ordenó reabrir otra. El episodio recuerda que hay que proteger a alumnos frente a discriminaciones y a profesores frente a acusaciones no acreditadas.

Baleares: el idioma como motivo de conflicto

Familias de Baleares han acudido a los tribunales para reclamar mayor presencia del castellano. Un estudio de proyectos lingüísticos de 2022 describió reglas restrictivas en determinados centros. Sin embargo, en noviembre de 2026 el Tribunal Supremo avaló el modelo balear en un recurso concreto al no acreditarse la exclusión del castellano. Las reclamaciones lingüísticas merecen una evaluación jurídica, sin convertir automáticamente una discrepancia en prueba de adoctrinamiento.

País Vasco: la historia de ETA que cuesta enseñar

Un estudio difundido en 2025 señalaba que solo una cuarta parte de los centros no universitarios vascos abordaba la historia del terrorismo y la violencia política. Expertos en memoria democrática han advertido de las dificultades para transmitir a los jóvenes el pasado de ETA. Una educación plural debe explicar también los capítulos incómodos de nuestra historia, sin justificar la violencia.

Madrid, 2026: denunciar no es condenar

Las instrucciones prohíben utilizar clases, tutorías y canales institucionales para conseguir adhesiones políticas o sindicales, y reconocen la libertad de cátedra, expresión y huelga. Los sindicatos advierten de posibles mecanismos de vigilancia. Una denuncia no puede convertirse en condena anticipada, pero tampoco debería impedirse que una familia comunique una posible vulneración de derechos.

Los niños no pueden pagar las guerras ideológicas de los adultos

Los antecedentes reúnen intervenciones partidistas controvertidas, conflictos curriculares y lingüísticos, denuncias archivadas y condenas por hostigamiento. No tienen los mismos responsables ni prueban una estrategia colectiva de adoctrinamiento. Pero muestran la importancia de proteger la convivencia escolar.

Un profesor puede hacer huelga. Otro puede trabajar. Una familia puede apoyar las instrucciones y otra rechazarlas. Ninguna decisión debería condicionar el trato a sus hijos. La escuela pública no pertenece al PSOE, al PP, a los nacionalistas ni a los sindicatos. Pertenece a todos. Ninguna ideología puede reclamar la conciencia de los menores. Los niños no se tocan.

Fuentes y documentación

BOE: doctrina sobre Educación para la Ciudadanía · La Moncloa: declaraciones de Isabel Celaá · EFE: condena de Canet de Mar · La Vanguardia: causas del instituto El Palau · El País: enseñanza de la historia de ETA · RTVE: controversia en Madrid


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